De los aciertos en la justicia a los disparates en la economía

Escribe: Roberto Centeno

El programa de reformas legales presentado el martes por Soraya Sáenz de Santamaría, un programa que pretende devolver la independencia al poder judicial -arrebatada por Alfonso Guerra en 1985 y no restaurada por Aznar- y meter mano a ese bunker del socialismo más sectario que es Televisión Española, cuyo personal dobla al de Antena 3 y Telecinco juntas, debe calificarse de excelente. Sumadas a la batería de cambios anunciada por Gallardón, sin precedentes en la historia jurídica de
España, implican una modernización radical solo comparable a la de López Rodó en los 60 cuando creó por primera vez el aparato del Estado y la Administración de la nación.Gallardón ha sido, sin duda, el mayor despilfarrador del Reino, pero lo que propone, pasar del siglo XIX al siglo XXI, supera con creces sus pecados y le asegurará un lugar en la Historia.

No se consigue, sin embargo, como se ha dicho, la independencia de la Justicia, tal y como se entiende en las democracias más avanzadas. Principalmente, porque nuestra chapucera Constitución, al contrario de lo que ocurre en EEUU, Inglaterra, Francia  o Alemania, no ha regulado un Poder Judicial independiente. Además, el CGPJ, el teórico Poder Judicial, no será realmente independiente: seguirá dependiendo en un 40% de la casta política y en un 60% de las Asociaciones Profesionales.

Irónicamente, el padre de Gallardón, decidido defensor de la independencia, propondría en su día la desaparición del Ministerio de Justicia, como en los países más avanzados, y la asunción de sus funciones por el CGPJ; y, sobre todo, que los jueces elijan a los jueces, que es la única forma de tener una Justicia razonable.

Reconstruir lo que el socialismo destruyó

Por el contrario, los socialistas, que ni creen en España ni en el Estado de Derecho, instaurarían la “coordinación de poderes” del nacional-socialismo, sometiendo a su obediencia las altas instituciones del Estado. En el Constitucional, sus tropelías alcanzaron el máximo grado, tanto en designación como en conducta, y algunos magistrados llegaron hasta la indignidad de consultar al Gobierno sus decisiones (Estatut y ETA), infligiendo un daño irreparable a la nación. El ministerio fiscal también fue totalmente politizado.

Pero los destrozos del socialismo no se limitaron solo a poner la Justicia a su servicio: también afectaron a ética y moral, tanto que han hecho de España el único país condescendiente con el delito, de forma que, cuando los delincuentes son ricos y/o banqueros y no logran torcer la voluntad de los jueces, se les indulta y en paz. Esto es el progresismo y la justicia popular.

Ahora se trata de acabar con tales ignominias, un paso histórico en la modernización de España al que solo el socialismo más radical y cutre de Europa y los separatistas se oponen frontalmente. Los socialistas han destruido todo lo que han tocado, desde la Enseñanza Pública a todos los niveles hasta la industria, que casi ha desaparecido, pasando por las relaciones exteriores, la Justicia y la Economía. Son una auténtica plaga bíblica. Solo el que seamos un país de pelafustanes, como decía mi admirado profesor de Matemáticas en el Instituto de Salamanca, y la única nación capaz de votar contra su gobierno después de un salvaje atentado terrorista, explica que los socialistas hayan podido gobernar y hundir España en tres ocasiones.

“Sin la barra libre del BCE, España estaría quebrada”

Son precisamente las medidas en Justicia, dignas de todo encomio, las que ponen en evidencia lo inexplicable del desastre sin paliativos de las medidas económicas. Rajoy ha conseguido en las urnas el mayor poder desde la muerte de Franco, un poder que abarca desde el Estado a la inmensa mayoría de CCAA y Ayuntamientos con una oposición hecha pedazos, y goza de una oportunidad irrepetible para podar de arriba a abajo un Estado autonómico insostenible y corrupto. Pero, en lugar de ello, endeuda masivamente a la nación -16.000 millones colocados gracias al BCE en solo 25 días-, expolia a las familias y deja al Estado sin recursos para que unos barones y alcaldes incompetentes y corruptos, los mismos que han llevado a la quiebra a sus comunidades y arruinado a decenas de miles de PYMES y cientos de miles de autónomos porque no les pagan, mantengan la juerga gastando lo que no es suyo. ¡Y el viernes pasado aprueba una Ley de Estabilidad para cuadrar las cuentas en 2020! No es de extrañar que la Defensora del Pueblo clame que los ciudadanos están ya hartos del despilfarro de los políticos.

En palabras de los gurús de Davos, España se encuentra  inmersa en una “carrera autodestructiva”. También en Davos el español Xavier Sala dijo algo que todos ya sabemos: si España no está en bancarrota es solo por la ayuda masiva del que recibe del BCE. España quebró en julio al cerrársele los mercados y el rescate comenzó en agosto, cuando el BCE empezó a comprar masivamente la deuda española que ya nadie quería. El tema ha ido in crescendo; solo en diciembre los bancos españoles recibieron 120.000 millones (12% del PIB) lo que evitó temporalmente la quiebra de España y de su sistema financiero a costa de endeudar a varias generaciones de españoles. Y el nuevo Gobierno, tan insensato como el anterior, sigue endeudándonos a todo ritmo, pero no para luchar contra el paro ni para a salir de la crisis, sino para entregárselo sin contrapartida ni control alguno a Valencia o Cataluña, la comunidad que ha tirado a la basura cientos de millones por su empeño en tener una línea aérea catalana, Spanair, mientras recorta en sanidad, dependencia, educación y salarios.

Nadie puede entender ya que Rajoy no entre a saco en las subvenciones (12.000 millones según el INE), en las duplicidades entre administraciones (34.000 millones, según UPyD), en la reordenación de ayuntamientos (16.000 millones) y en el despilfarro puro y duro que se traga otros 50.000 millones más. Tampoco se entiende que todas sus energías se centren en averiguar cómo exprimir más a los españoles, desde el pago por las autovías hasta mayores impuestos y tasas autonómicas y locales pasando por el copago en sanidad y educación o la recuperación de las tasa judiciales.

Por ello, como afirmaba también en Davos la pasada semana Nouriel Roubinique, quien predijo la crisis financiera: “España puede caer como Grecia a mediados de 2013. No se puede estar en recesión en forma permanente, los destrozos son demasiado grandes”.

Del paro devastador

Y, efectivamente, los destrozos son tan grandes como la cifra de paro anunciada el viernes: 348.700 parados más en el cuarto trimestre, o 1,4 millones en tasa anualizada (que es como esta cifra debe valorarse). Hablar de 600.000 parados en 2011 supone un engaño, es como conducir mirando por el espejo retrovisor. Esto significa que, aquí y ahora, se están destruyendo 6.000 empleos por día laborable. Y eso no es todo, porque, para considerarte parado, tienes que haber  buscado activamente trabajo en la semana anterior a la encuesta. En caso contrario, el INE te clasifica como inactivo.

Analizando las cifras de la EPA, Carlos Sánchez y un servidor estimábamos en 450.000 el número de estos parados, que el BdE  denomina “desencantados”, por lo que el paro real es de 5,7 millones y no de 5,3. Ello significa que España ya tiene una tasa de desempleo que triplica la de Italia (del 8,6%) y casi duplica la de Portugal (del 14%). Solo 11,6 millones de personas en el sector privado tienen que mantener a todo el país.

Estas escandalosas cifras obligan al Gobierno a abordar, de una vez por todas, la reforma laboral que ha prometido. Han pasado 20 días del  plazo dado a los agentes sociales y Rajoy parece tener miedo de legislar. Mientras, UGT, CCOO y CEOE simulan negociar mientras blindan sus privilegios, haciendo de la negociación colectiva del fascismo, culpable de la ruina y del cierre de miles de empresas, un baluarte irrenunciable, porque conservar su poder ficticio y sus prebendas es lo único que les importa. Aunque se hunda España. La negociación colectiva es el gran invento del fascismo, del Ministro de Trabajo de Mussolini en 1925, copiado después en España por Primo de Rivera y mucho después por el general Franco. Es un régimen laboral desastroso para una nación en crisis, y en España ha destruido más empresas que la propia crisis. Igual que las políticas activas de empleo (cursos de formación), que no sirven de nada, que pueden ser realizadas infinitamente mejor por funcionarios y por las que nos expolian 2.500 millones de euros anuales. Por no hablar de los EREs, donde esta gente saquea sin piedad a los trabajadores.

Y resulta que ellos mismos han decidido que los salarios subirán un 0,5% en 2012, una cifra arbitraria que puede ser poca para algunas empresas que ganen dinero pero excesiva para la mayoría. En lugar de que cada empresa pueda pactar con sus trabajadores qué hacer, deben someterse a la dictadura sindical. No sé qué hará Rajoy, pero debe priorizar los convenios de empresa sobre los convenios colectivos que exigen estos totalitarios y regular los tipos de contrato y acabar con las políticas activas de empleo. En caso contrario, nos lleva directos a los seis millones de parados.

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